La comparación entre la situación procesal en que podría quedar Ana María Tejeiro –esposa del socio de Urdangarin, Diego Torres– y la que pudiera corresponder a Cristina de Borbón transmite inevitablemente la sensación de que la Justicia no es igual para ambas.
Todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Pero la inocencia no es un estado natural que se mantenga sin tacha hasta que la última instancia judicial dictamina la culpabilidad de quien la reivindica. La inocencia, en este caso en cuanto al incumplimiento de los deberes políticos e institucionales, puede desvanecerse ante el juicio moral que una determinada conducta merezca aunque no sea delictiva o no se demuestre que lo es.
Cuando lo más relevante del caso es que las imputaciones denuncian una utilización reprobable de su posición institucional. La consideración que La Zarzuela hizo pública ayer, entendiendo que es a la infanta Cristina a quien corresponde decidir sobre el ejercicio de sus derechos sucesorios, resulta tan fría y distante respecto a la hermana del Rey como insuficiente y evasiva ante la gravedad del momento.
Si bien los acusados ‘con más nombre’ podrían verse perjudicados antes de que dé inicio el juicio oral respecto a aquellos que no son tan conocidos y ocupan el segundo plano de la atención pública, y siendo muy probable que eso esté sucediendo, resulta más difícil de argumentar que las ‘ventajas institucionales’ de la infanta sean menores que los perjuicios que acarrea por ser hermana de Felipe VI e hija de Juan Carlos I.
La infanta Cristina se ha mostrado en todo momento coherente con la actitud que mantienen los implicados en casos de corrupción política e institucional y los partidos y gobiernos que, de entrada, les cobijan. Silencio y quieta parada a la espera de que pase la tormenta. En la recíproca, cualquier responsable público imputado y los familiares que pudieran haberse beneficiado de su actuación por «ignorancia deliberada» tienen razones para no sentirse menos que la hermana del Rey junto a su marido. Cuando el presidente Rajoy declaró estar «seguro de que a la infanta le irá bien» no solo expresó un deseo de complicidad institucional con la Familia Real. Se identificó con la suerte de quienes, en lo alto de la pirámide institucional, han podido cometer algún desliz que en ningún caso debe empañar la estabilidad del Estado.
Ëste mismo viernes una cerrada ovación ‘popular’ acogió a Monago demandando clemencia ante 32 descuidados viajes a Tenerife que el presidente extremeño habría realizado en su etapa de senador, porque no serían nada comparados con los servicios que viene prestando a la ‘causa’. Los vuelos de Monago no fueron ilegales. Forman parte de las costumbres de sus señorías desde que alguien descubrió que podía viajar gratis a Canarias para comprar los regalos de Navidad. La vicepresidenta Sáez de Santamaría debía estar al tanto de ello cuando ayer extendió la causa al conjunto de las Cortes. La negativa de las Cámaras a dar cuenta de sus gastos, alegando que la transparencia supone un compromiso que afecta solo al poder ejecutivo, reclama a estas alturas la inmediata auditoría sobre sus cuentas. Lo importante es ‘no enmendarla’ para eludir una debilidad culpable. Una regla que parece haberse vuelto solidaria para los poderes del Estado.
Kepa Aulestia en El Correo de ayer
