Un buen funcionamiento del servicio público de justicia es necesario para la garantía de los derechos y de la igualdad entre ciudadanos. Un sistema judicial correctamente engrasado contribuye a la buena convivencia, la cohesión social y la seguridad jurídica. La defensa del Estado de derecho se juega, de manera importante, en el hecho que exista calidad en los tribunales y garantías de independencia e imparcialidad del poder judicial. Si bien esto es una evidencia, no siempre es así.
Una simple exploración del sistema judicial descubre importantes retos. Revertir la situación actual pasa por destinar mayores recursos, y en este sentido puede entenderse cierto malestar en el sector. Pero el servicio público de justicia es uno de los peor valorados, y el poder judicial no goza de demasiada simpatía ciudadana. La transformación resulta necesaria para consolidar una justicia del siglo XXI.
Estos días está en debate el proyecto de ley sobre el acceso a la carrera judicial y fiscal. Desde mi punto de vista, este tipo de acciones caminan en la dirección de poner en valor la justicia, de dignificarla. La propuesta no debería verse como una reducción del nivel de exigencia, al contrario. Se trata de demandar a los nuevos aspirantes conocimientos, capacidades y habilidades que les hagan desarrollar con excelencia la misión que les es encomendada.
Entre algunos elementos positivos que veo en la ley, se planea un ente público que participará en el proceso de preparación acompañando a opositores con el objetivo de generar más igualdad entre aspirantes y conseguir a la vez facilitar la vocación opositora en sectores sociales y territorios donde aún es poco común.
En definitiva, una reforma aún modesta pero que hace camino al andar. Cambios para volver a poner al centro la justicia.
Varios magistrados, en septiembre pasado en el acto de apertura del año judicial.
J. J. Guillén (EFE / POOL)
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