Sánchez se enfrenta a la 'oligarquía tecnológica' para que acepten que la democracia también tiene términos y condiciones de uso para operar en ella.

 Sánchez, con sentido de la oportunidad política, ha alzado la voz en contra de una visión de internet sin más reglas que las que decidan las grandes empresas. Es una visión que comparte con entusiasmo la Casa Blanca, una de las razones por las que se produjo la simbiosis entre estos magnates y el trumpismo. Donald Trump la promueve con amenazas y sanciones a personalidades que, a su juicio, son “censoras”, como el excomisario europeo Thierry Breton, impulsor de la regulación europea digital, y el juez brasileño Alexandre de Moraes, que obligó a X a cumplir las leyes del país.

‌Los Estados democráticos de derecho se fundamentan en la ley. Las redes sociales se han hecho ineludibles para la comunicación, los negocios e incluso la conexión social cotidiana, sobre todo para los jóvenes. Deben someterse a regulación como cualquier otra industria, pues su lado oscuro está sobradamente diagnosticado: son aceleradores sin control en ámbitos como la desinformación masiva, la interferencia electoral, problemas de salud mental o cibercrímenes de todo tipo. 

Ese debate debe empezar por rechazar el marco narrativo que imponen las empresas de libertad contra censura. No es así. Se trata de que las tecnológicas acepten que la democracia también tiene términos y condiciones de uso para operar en ella. (elpais.com/opinion/)