Un adagio atribuido a muy diferentes voces dice que “o vives como piensas, o acabarás pensando como vives”. Este es el problema de fondo al que nos enfrentamos en la educación y en la política educativa actual en España.
Haciendo un símil exagerado pero muy claro al respecto podríamos decir que lo que propone el Gobierno es “pagar a un maltratador para que maltrate menos a su pareja”. Esto es lo que se ha puesto en práctica en Cataluña y ahora en el País Vasco con el eufemismo de “pacto contra la segregación”, que no es más que un pacto para maquillar los números y mantener la segregación de fondo: los propios conciertos educativos.
Se aduce que, si se paga más a los centros concertados que segregan para que lo hagan un poco menos, conseguiremos una menor segregación. En los 80, cuando había una avalancha demográfica y no había plazas públicas suficientes, pudo haber tenido algún sentido hacer conciertos con entidades privadas, pero ahora no tiene ningún sentido.
Actualmente, lo que respalda la investigación es que la demanda de conciertos se mantiene por la creencia de las familias en que los “contactos” sociales y los compañeros y las compañeras de aula pueden influir en el futuro socio laboral de sus hijos e hijas. Los hallazgos confirman que detrás de muchas invocaciones a la “libertad” de elección de centro lo que se esconde es el rechazo a la mezcla social, a educar a los hijos e hijas con los que no son de la misma clase y que los conciertos están sirviendo a las clases medias y altas para alejarse del alumnado extranjero y de las clases bajas.
En definitiva lo que se necesita es valentía y voluntad política para dejar de ser una anomalía en Europa donde la educación es fundamentalmente pública y avanzar de una vez por todas hacia el siglo XXI, como reclaman las mareas verdes, el profesorado y los sindicatos, los movimientos sociales y las comunidades educativas progresistas, superando así la herencia de la dictadura que dejó en manos de la jerarquía católica la educación de este país.
www.eldiario.es/educacion-concertada
-anomalia-espanola-debe-terminar.
Haciendo un símil exagerado pero muy claro al respecto podríamos decir que lo que propone el Gobierno es “pagar a un maltratador para que maltrate menos a su pareja”. Esto es lo que se ha puesto en práctica en Cataluña y ahora en el País Vasco con el eufemismo de “pacto contra la segregación”, que no es más que un pacto para maquillar los números y mantener la segregación de fondo: los propios conciertos educativos.
Se aduce que, si se paga más a los centros concertados que segregan para que lo hagan un poco menos, conseguiremos una menor segregación. En los 80, cuando había una avalancha demográfica y no había plazas públicas suficientes, pudo haber tenido algún sentido hacer conciertos con entidades privadas, pero ahora no tiene ningún sentido.
Actualmente, lo que respalda la investigación es que la demanda de conciertos se mantiene por la creencia de las familias en que los “contactos” sociales y los compañeros y las compañeras de aula pueden influir en el futuro socio laboral de sus hijos e hijas. Los hallazgos confirman que detrás de muchas invocaciones a la “libertad” de elección de centro lo que se esconde es el rechazo a la mezcla social, a educar a los hijos e hijas con los que no son de la misma clase y que los conciertos están sirviendo a las clases medias y altas para alejarse del alumnado extranjero y de las clases bajas.
En definitiva lo que se necesita es valentía y voluntad política para dejar de ser una anomalía en Europa donde la educación es fundamentalmente pública y avanzar de una vez por todas hacia el siglo XXI, como reclaman las mareas verdes, el profesorado y los sindicatos, los movimientos sociales y las comunidades educativas progresistas, superando así la herencia de la dictadura que dejó en manos de la jerarquía católica la educación de este país.
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