¿Se puede o no se puede pactar con una fuerza política de extrema derecha apadrinada por Steve Bannon y aplaudida por Le Pen y por líderes del Ku Klux Klan?
Quienes defienden que sí se puede son diferentes líderes del centro derecha o de la derecha española, además de algunos medios de comunicación. Al hacerlo, se basan principalmente en un argumento sencillo. Vox, dicen, defiende la integridad territorial española y, en consecuencia, la Constitución. Son, por tanto, una fuerza constitucionalista con la que se puede pactar en condiciones de normalidad dentro del ámbito institucional. No deja de sorprender la utilización recurrente de este razonamiento.
En primer lugar, porque al usarlo están reduciendo la Constitución Española a una única cuestión, la territorial. Y sí, nuestra Constitución contempla la integridad territorial de nuestro país, es cierto. Pero define también un Estado social y de derecho que no solo no discrimina por orígenes de raza, religión, ideas políticas o sentimientos identitarios, sino que integra toda esa pluralidad en el mismo ejercicio constituyente. La condición, para ser constitucionalista, no es ver grabado en inamovible mármol el título VIII, sino comprender y defender los valores democráticos que impregnan nuestra Constitución y el modelo de sociedad que nace de él.
En segundo lugar, porque si la condición fuera considerar dogma de fe lo que la Constitución dice sobre nuestro modelo territorial, Vox quedaría fuera del adjetivo de fuerza constitucionalista. Nuestra Constitución refuerza la presencia del Estado en el conjunto del territorio a través de un modelo autonómico que descentraliza el poder político y acerca a las autonomías el proceso de toma de decisiones en no pocas competencias descentralizadas. Lo hace a través de Estatutos de Autonomía que forman parte del cuerpo constitucional del Estado. Y sin embargo, Vox cuestiona ese modelo autonómico. Siguiendo el razonamiento de los defensores del constitucionalismo de Vox, esto les dejaría fuera.
Si ser constitucionalista fuera no poder salirse de la literalidad de los articulados de la Constitución, no cabría pluralidad posible de opciones ni habría margen para el sistema mismo de partidos. Por eso ahí reside lo único sagrado del texto; la protección de nuestra pluralidad y de nuestras libertades fundamentales. De ahí parte todo. Si no fuera así, el texto no definiría una democracia. Establecería los perfiles exactos de una dictadura.
La conclusión es a la vez tan sencilla como desoladora. Quienes los normalicen estarán mostrando la pobre lectura que han hecho de lo que significa nuestra Constitución y el poco valor que le dan a los significados básicos de nuestra democracia. Pero, en el fondo, nos estarán dejando ver algo peor; su duda sobre el papel que jugarán en la defensa de nuestros modelos de democracia y de nuestro marco civilizatorio, la más importante batalla política de nuestro tiempo.