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| Texto de Ramón Jáuregui el 6 dic. 2018 en El Correo |
Es absolutamente injusta la descalificación política de nuestra Constitución en base al porcentaje electoral que la apoyó en el País Vasco en 1978. Se suele argumentar que obtuvo tan solo un 30,8% de síes sobre el total del censo. Y es verdad. Pero también lo es que la abstención fue muy elevada (solo participó un 44,7% del censo) y que el 69,1% de las personas que emitieron su voto la respaldaron. Y digo que es injusto, primero, porque las reglas son las reglas y el cómputo era nacional y no local o regional.
La abstención no deslegitima ni legal ni políticamente aquel texto porque, si se hubiese pretendido esa deslegitimación política, el PNV, principal impulsor de esa abstención, habría recomendado el voto negativo. Y no lo hizo.
No lo hizo porque sabía que aquella Constitución devolvería al País Vasco tres instituciones fundamentales: la autonomía, el Concierto y los derechos históricos. No lo hizo porque sabía que allí había instrumentos para desarrollar un autogobierno como nunca tuvimos y que el marco de libertades y democracia que se configuraban en España era homologable al de las mejores constituciones del mundo. No lo hizo por ese calculado juego a la ambigüedad que con tanta habilidad practica el PNV.
De hecho, sus previsiones resultaron plenamente cumplidas. Ha gobernado el país durante cuarenta años desde las instituciones surgidas y creadas por la Constitución.
Es absolutamente cínico apelar a la Carta Magna para las reivindicaciones competenciales y descalificar al mismo tiempo la Constitución. O reclamar una nueva amparándose en la potencialidad de los derechos históricos que garantiza, precisamente, la actual.
Es infantil y propio de novatos irresponsables defender un nuevo periodo constituyente para hacer una Constitución nueva en la España de hoy.
Yo creo en la reforma constitucional precisamente porque defiendo la Constitución de 1978. Es una reforma puntual, limitada y pactada, y defiendo que sea refrendada por el pueblo español, permitiendo así, decidir sobre Monarquía, autogobierno, nuevos derechos sociales, igualdad... Pero reclamo un proceso legal y lógico: primero un acuerdo político amplio y luego la consulta popular sobre ese texto seguido de elecciones generales. Ese es el camino. Eso es jugar limpio.
