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La alcaldesa Botella se las había vendido de forma irregular y a precio irrisorio a los buitres inmobiliarios. Y en la factura del alquiler ya no ponía 250 o 350 euros, sino 500 o 550 o bastante más.El Tribunal de Cuentas ha condenado a Botella y siete exconcejales suyos a pagar 22,7 millones para reparar el quebranto causado al patrimonio municipal con aquella oscura transacción del 2013.La condena, que todavía no es firme, resarce a las arcas municipales del daño sufrido. ¿Pero quién compensa a los propietarios de las vidas rotas por el atropello de Botella y los suyos?