El propio Estatuto de Autonomía del País Vasco regula que las instituciones de la comunidad deben garantizar el uso de ambas lenguas “teniendo en cuenta la diversidad socio-lingüística”. La modificación aprobada hoy, simplemente deja a las administraciones vascas toda la discrecionalidad para decidir el número de perfiles a exigir en cada una de ellas, independientemente de la realidad sociolingüística en la que ejerzan su actividad, que era una de las funciones del índice de obligado cumplimiento.
Se trata, por tanto, no de utilizar la lengua como un elemento integrador, vertebrador y que pueda acoger a la diversidad de orígenes que vendrá en los próximos años, sino “como un bastión que sirva para dejar entrar a los empleos de mayor calidad a las vascas y vascos "de verdad" y deje fuera al resto, un elemento segregador”.
El autogobierno debe servir, precisamente, para adaptar las normas a la realidad de la ciudadanía, no la ciudadanía a las normas. recalcar la necesidad de dar un impulso al euskera de manera que “nadie se quede atrás”. En un momento en el que la euskaldunización está prácticamente privatizada, hay que recordar que no se necesitan acelerones en la exigencia de perfiles, son necesarios tiempo y recursos materiales: gratuidad en la enseñanza de perfiles, liberaciones que no hagan chocar el aprendizaje con la conciliación, nuevas maneras de acreditar el conocimiento en la práctica laboral diaria, adaptación de las competencias exigidas a las tareas reales del puesto con perfiles orales y de comprensión, o la valoración de los niveles iniciales en las oposiciones.
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