Los Estados democráticos de derecho se fundamentan en la ley. Las redes sociales se han hecho ineludibles para la comunicación, los negocios e incluso la conexión social cotidiana, sobre todo para los jóvenes. Deben someterse a regulación como cualquier otra industria, pues su lado oscuro está sobradamente diagnosticado: son aceleradores sin control en ámbitos como la desinformación masiva, la interferencia electoral, problemas de salud mental o cibercrímenes de todo tipo.
Ese debate debe empezar por rechazar el marco narrativo que imponen las empresas de libertad contra censura. No es así. Se trata de que las tecnológicas acepten que la democracia también tiene términos y condiciones de uso para operar en ella. (elpais.com/opinion/)




