La Ertzaintza ha modificado un criterio que llevaba décadas manteniendo y ha comenzado a precisar en sus notas informativas el origen de los autores de delitos concretos, distinguiendo entre españoles y extranjeros; y clasificando a estos últimos por distintas zonas geográficas. El Gobierno vasco y el PNV, que controla la Consejería de Seguridad, han defendido la decisión en aras de la transparencia y para combatir los bulos y la difusión de datos sesgados, con críticas directas tanto al PP como a Vox.
En una sociedad como la actual —hiperconectada y saturada de información pero madura— cualquier iniciativa que sirva para desmontar el relato de la extrema derecha, que vincula inmigración y delincuencia —algo que los números desmienten una y otra vez— tiene que ser saludado, pero también analizado con rigor.
La razón es, según la Ertzaintza, la lucha por la verdad en un contexto en el que se manipulan los datos para justificar el endurecimiento de los discursos contra la inmigración. Es desde ese propósito desde donde habrá que valorar la eficacia de la medida.
En una sociedad como la actual —hiperconectada y saturada de información pero madura— cualquier iniciativa que sirva para desmontar el relato de la extrema derecha, que vincula inmigración y delincuencia —algo que los números desmienten una y otra vez— tiene que ser saludado, pero también analizado con rigor.
La razón es, según la Ertzaintza, la lucha por la verdad en un contexto en el que se manipulan los datos para justificar el endurecimiento de los discursos contra la inmigración. Es desde ese propósito desde donde habrá que valorar la eficacia de la medida.
Los delitos no tienen nacionalidad ni raza ni religión. No hay culturas especialmente propensas a cometerlos. Detrás de cada acusación racista y xenófoba late una cuestión económica, un problema de pobreza y exclusión.
Mantener la seguridad, sin la que no hay libertad, es una de las responsabilidades de las administraciones. No garantizarla afecta a la calidad de vida de los ciudadanos tanto como a la calidad de la propia democracia. Pero reforzarla no pasa solo por mejorar la respuesta —o la información— policial, sino también por evitar el abandono de los servicios sociales. Si España no quiere que la antipolítica envenene su convivencia, debe ser una sociedad de acogida digna y ordenada, no una que enfrente a los vulnerables nacionales con extranjeros igualmente vulnerables.
