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Pedro negó tres veces a Jesús, y el gobierno popular ya se ha negado dos veces a sí mismo en relación con las miles de inmatriculaciones practicadas por la jerarquía católica, de forma clandestina y sin más título de propiedad que su palabra.
La primera, derogando este privilegio jurídico que ha propiciado el mayor escándalo patrimonial de la historia de España.
La segunda, acatando la orden del Congreso que le obliga a elaborar un listado de bienes inmatriculados.
Y la tercera llegará cuando reconozca que todas estas inscripciones, así como las exenciones fiscales por su actividad empresarial, son nulas por vulnerar la Constitución, la normativa europea y los derechos humanos.
