La pregunta fundamental no es de hecho la de si se permite o no la consulta, o si hay un riesgo real de «ruptura del país» como gusta al nacionalismo español, sino otra muy distinta que tiene que ver con los porqués de qué las élites catalanas y españolas no hayan todavía apurado una solución para lo que parece el eslabón débil del régimen político.
Al fin y al cabo, se trata de una solución ya pensada y propuesta y que va a pasar por una sencilla reforma del título VIII de la Constitución. Sin necesidad de tocar mucho del texto, la reforma se limitará a una virtual federalización del Estado, un reconocimiento de la singularidad catalana, mayores competencias en materias consideradas clave y sobre todo un «concierto fiscal» similar al vasco o al navarro.
La reforma cuenta además con dos condiciones suficientes: varios actores políticos —incluidos los socialistas—proclives al acuerdo y una mayoría social dispuesta a aceptar el «tercerismo» entre autonomía e independencia.
Entonces, si esta casi todo ¿por qué no se pone en marcha?
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