SALVO situaciones de alta inestabilidad, como la que se produjo en la antigua Unión Soviética en la década de los noventa, sólo se me ocurren dos vías para que un territorio se independice y constituya un estado diferente de aquél del que sus ciudadanos se pretenden separar. Una es la del acuerdo con las instituciones del estado en cuestión. La otra es la de las armas. Se puede objetar que hay posibilidades intermedias, como la de la insumisión. Pero conviene hacer dos precisiones al respecto. La primera es que incluso si por ella optasen -no pagando impuestos, por ejemplo- la mayoría de los ciudadanos concernidos, no conduciría a ninguna parte si en algún momento no se llegase a un acuerdo o se recurriera a la violencia. Y la segunda es que las personas pueden ser insumisas, no así las instituciones. A éstas les está vedada la insumisión por el hecho, precisamente, de ser instituciones. Es posible que su existencia -la de las instituciones- tenga antecedentes históricos, y lo más probable es que en su génesis o en su actual configuración y atribuciones hayan sido fruto de la voluntad popular expresada en las urnas. Pero, en cualquier caso, existen en el marco de un sistema legal del que no se pueden desprender. Si una institución incumpliese la legalidad en materias básicas que afectan a aspectos nucleares, estaría impugnando la misma base jurídica de su existencia y, por lo tanto, se estaría impugnando a sí misma.
Traslademos lo anterior al caso catalán. ... (Un tal Perez en Deia)
Pero eso, mucho me temo, no debe eximir a nadie de hacer lo que corresponde, y eso que corresponde se llama política...