Es cierto que Sortu es una creación de la izquierda abertzale ilegalizada. Es un hecho reconocido por ellos. Por eso mismo actúa en su contra a efectos de prueba. Ante cualquier petición de inscripción de un partido juega a su favor la presunción de legalidad y, en consecuencia, nada tienen que demostrar referente a los hechos que impidan su legalización. En cambio en el supuesto de Sortu, por ser una creación de personas vinculadas a Batasuna, la carga de la prueba se invierte teniendo que deshacer la presunción de sucesión fraudulenta de organizaciones ilegalizadas, que actúa en su contra, demostrando la ruptura con la violencia y con ETA.
Los estatutos y los pronunciamientos realizados tienen precisamente como objetivo destruir esa presunción que en razón a ilegalizaciones anteriores les vincula a ETA. Son los llamados contraindicios, que para cualquier examinador objetivo resultan claros y contundentes. También lo son para el Abogado del Estado, aunque tenga que decir lo contrario en razón a la tesis política que sostiene. A la vista de lo que da de si esta demanda, no creo que el Supremo tenga razón jurídica fundada como para prohibir la inscripción. Sin embargo, el objetivo de la legalización no sólo se reduce a la confrontación jurídica y judicial. Es preciso ganar también la batalla de la credibilidad social y política.
La estrategia por la legalización no puede ser en el caso de la izquierda abertzale, en razón a sus antecedentes, solo una combinación de las ‘nuevas razones jurídicas’ y un plan de movilización y manifestaciones. La izquierda abertzale sabe que su nuevo proyecto político tiene un déficit muy importante de credibilidad. No tanto por la incredulidad de la ciudadanía ante sus comportamientos futuros, cuanto por la falta de valentía a la hora de explicar por qué se rechaza ahora la violencia y también la de ETA.
Se habla de autocrítica, pero la izquierda abertzale no ha explicado en qué consiste ese examen autocrítico por el cual se revisa totalmente la estrategia político-militar y el papel de ETA. No sólo se trata de tener razón jurídica, sino también de obtener la razón social y como se sabe ésta solo se puede conseguir con hechos firmes que permitan ganar la credibilidad de la que se carece.
La estrategia por la legalización no puede ser en el caso de la izquierda abertzale, en razón a sus antecedentes, solo una combinación de las ‘nuevas razones jurídicas’ y un plan de movilización y manifestaciones. La izquierda abertzale sabe que su nuevo proyecto político tiene un déficit muy importante de credibilidad. No tanto por la incredulidad de la ciudadanía ante sus comportamientos futuros, cuanto por la falta de valentía a la hora de explicar por qué se rechaza ahora la violencia y también la de ETA.
Se habla de autocrítica, pero la izquierda abertzale no ha explicado en qué consiste ese examen autocrítico por el cual se revisa totalmente la estrategia político-militar y el papel de ETA. No sólo se trata de tener razón jurídica, sino también de obtener la razón social y como se sabe ésta solo se puede conseguir con hechos firmes que permitan ganar la credibilidad de la que se carece.
Para superar brillantemente el reto de la legalización, la izquierda abertzale necesita imperiosamente despejar toda duda sobre el futuro de ETA, realizando un pronunciamiento expreso que exija el fin definitivo. Una declaración en este sentido sería mucho más eficaz que cualquier manifestación de cien mil. En este sentido resulta muy preocupante el silencio de esta izquierda abertzale ante los actos de violencia callejera de Vitoria. Es cierto que el silencio no acredita la connivencia, pero a estas alturas, hay silencios que desacreditan y destruyen.
Publicado hoy por Xabier Gurrutxaga
en El Correo
