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En el terreno económico, la extrema ultraderecha todavía sueña con anular el impuesto sobre la renta, que el presidente Wilson estableció en 1913, y descargar casi toda la presión fiscal sobre las clases medias bajas y los asalariados a través de tributos al consumo, tasas urbanas, entre otros.
Ahora bien, por mucho que eleves tales impuestos, nunca vas a compensar lo que dejas de ingresar por renta, herencias o patrimonio.
Para evitar un déficit gigantesco, surge uno de los mantras sagrados de la extrema ultraderecha económica norteamericana: el dogma del Estado mínimo. Las funciones públicas quedarían reducidas a los instrumentos de control y represión: ejercito, policía, tribunales, espionaje, recaudación de impuestos a la plebe y muy poco más.
En cuanto a la calidad de vida, el nuevo orden carecería de pensiones, desempleo, sanidad o educación públicas. Los sindicatos son acusados de antiamericanos, de manera que se verían severamente reprimidos o prohibidos. Las regulaciones sobre salarios, seguridad laboral o contaminación desaparecerían por completo en nombre de la sacrosanta libertad empresarial, pero no sería un sistema capitalista de libre competencia, porque los colosos de la industria gozarían de favoritismo gubernamental y se defiende sin tapujos la conveniencia de forjar gigantescos monopolios. El mito del humilde emprendedor que comienza algo nuevo en el garaje de su casa y lo convierte en un imperio empresarial quedaría bloqueado para siempre.
Ni que decir tiene que desaparecería el aborto y en el terreno sexual, aquello parecería la España de Franco.
En cuanto a la inmigración, los forasteros podrían entrar casi a voluntad, porque los empresarios necesitan mano de obra barata, pero se convertirían en una casta de 'metecos', eternamente marginados, sin posibilidades de adquirir la ciudadanía, amenazados siempre de deportación para mantenerlos dóciles.