Regularización y ‘prioridad nacional’.Preocupa ver que muchos conciudadanos vean justa la discriminación de personas.

Dos conceptos y dos políticas antagónicas acaparan hoy los debates nacionales.

Ilustración: Jose Ibarrola
elcorreo.com//ramon-jauregui

Regularizar a inmigrantes es conceder a quienes viven y trabajan con y para nosotros derechos iguales de ciudadanía. La regularización es una disposición legal inamovible y real, se está produciendo ya y acabará legalizando la situación irregular de más de 500.000 inmigrantes que trabajan y viven en España, produciendo extraordinarios efectos en sus vidas, tanto desde el punto de vista de su seguridad y estabilidad como, sobre todo, de sus derechos.

‘Prioridad nacional’ equivale a segregar a ciudadanos en función de su origen, castigando a los foráneos a no recibir ayudas o prestaciones públicas, o a hacerlo después de los ciudadanos nacionales.

La ‘prioridad nacional’, en teoría es solo un eslogan, una bandera política, una pretensión partidista sin cobertura legal alguna y con manifiesta violación del ordenamiento jurídico español, incluida nuestra propia Constitución. Desgraciadamente, es algo más que eso. Su proyección política ha sido inmediata, al incluirse en los acuerdos autonómicos entre PP y Vox; y su penetración social ha sido grande, porque ese sentimiento de ‘primero los de casa’ es tan elemental como primario. En términos de marketing político, han tenido un enorme éxito porque con dos palabras sencillas han logrado expresar una idea, casi un programa político, y además han excitado un sentimiento humano. Se parece mucho a otros dos eslóganes populistas de probados efectos en los años precedentes: el ‘America first’ de Trump, generador del MAGA, y el ‘Take back control’ de Nigel Farage y los partidarios del Brexit antieuropeo en 2016.

La dignidad de las personas y sus derechos no dependen de su origen y de su condición administrativa, sino del hecho de ser personas. Lo otro es xenofobia, es segregación. Es más, esa concepción humanista, basada en la dignidad igual de las personas por el mero hecho de serlo y los derechos humanos para todos, es condición imprescindible de cohesión social y de convivencia democrática.

Con esta regularización se produce así una suma de extraordinarios beneficios para todos, en un proceso de integración laboral y social ejemplar para toda Europa. Además, el valor geoestratégico de esta regularización es inmenso, en este momento concreto de nuestra política exterior y especialmente en nuestra mirada iberoamericana, de cara a la cumbre que acoge España en Madrid los próximos 4 y 5 de noviembre.