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prevalecido un cierto consenso en que no se puede pedir el mismo nivel a todos los puestos, ni en todas las zonas. Y para responder a eso, se ideó en 1989 el sistema de Índices de Obligado Cumplimiento, que determina el porcentaje del número total de puestos de trabajo que necesariamente deberán tener perfil lingüístico. Un sistema imperfecto, discutible, sujeto a interpretaciones (como todos), pero que a lo largo de todos estos años ha demostrado la suficiente flexibilidad para avanzar en la euskaldunización de la Administración, como demuestran los datos que semestralmente publica el Gobierno vasco.
¿Es necesario que los tribunales tengan que decir que es desproporcionado exigir euskera a todas las limpiadoras de albergues públicos o que todos los técnicos de la Diputación de Gipuzkoa deben tener C2?
¿Qué ha cambiado, entonces? ¿Por qué este enredo ahora?
Parece que el PNV ha decidido seguir la estrategia de una izquierda abertzale que ha combatido todas estas leyes y todos estos consensos durante décadas, y abrazar sus posturas maximalistas.
Cuesta saber cómo terminará esto. El PNV tiene que decidir si continúa la senda de Bildu y abandona el consenso actual o vuelve a los acuerdos en los que hasta anteayer era un actor clave. Una cosa parece evidente: hoy el debate sobre el euskera está más polarizado que hace un año (y, como muestra, todo lo ocurrido con la última Korrika) y las fuerzas principales, más lejos que hace un año.