El macrojuicio iniciado esta semana en el Vaticano contra una decena de acusados por presunto desvío de fondos y corrupción tiene una gran relevancia por tres razones:
1.-el escándalo que suponen, no solo para el Vaticano como Estado sino para la Iglesia como institución, las acusaciones que se juzgan;
2.-el hecho de que sea la Santa Sede la que haya asumido la realización pública del proceso, y,
3.-en tercer lugar, el que una de las personas juzgadas, el exsustituto de la Secretaría de Estado vaticana, el cardenal Giovanni Angelo Becciu, haya ocupado hasta hace poco uno de los cargos de mayor poder en la Iglesia.
En el juicio se tratará de aclarar el papel de los acusados en lo que el fiscal instructor ha denominado un “sistema podrido y depredador” que consistía en realizar inversiones de dudoso procedimiento y finalidad con dinero procedente del llamado Óbolo de San Pedro, el instrumento que canaliza las donaciones de todas las iglesias del mundo al Vaticano y que, teóricamente, se destinan a la caridad. Aparentemente no fue así.
Por otra parte, el papa Francisco ha decidido que sea la justicia vaticana la que se encargue del juicio en vez de poner el proceso en manos del sistema judicial italiano —podría haberlo hecho—, como muestra de su voluntad para atajar y condenar públicamente estas prácticas.
Como gesto es positivo, pero es probable que el sistema judicial vaticano no esté preparado.
Queda por ver si es el principio de una política sostenida o una situación excepcional que termina como el "catarro" de Juan Pablo I.
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