durante el juicio al fiscal general. EFE
www.eldiario.es/opinion/Marco_Schwartz
No sé si es ilegal. Pero al menos feo sí que es. Muy feo, añadiría. No encuentro otro modo de describir la conducta de tres de los magistrados del Tribunal Supremo que han condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y que nada más concluir el juicio, sin que se haya publicado aún el contenido de la sentencia, han participado en un curso financiado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), una de las acusaciones más activas en la causa.
No lo han hecho por amor al arte, ya que han percibido contraprestaciones económicas.
Si convenimos en que las formas son importantes para la democracia y el Estado de Derecho, hay que admitir que estamos ante unas conductas poco edificantes.
Se llama apariencia de objetividad y consiste en restringir al máximo cualquier relación con las partes en una causa. Sobre todo una tan delicada como la que ha desembocado en la condena del fiscal general del Estado tras una instrucción y un juicio polémicos, por decirlo con suavidad.
Hemos normalizado que magistrados y jueces se embolsen sobresueldos con cursos y cursillos. Y ya el colmo de la anormalidad es que unos magistrados del Supremo participen en un seminario organizado por una de las acusaciones en una causa que acaban de juzgar.
