Escribía Bingen Zubiria ayer en el DEIA que es difícil olvidar que ETA hizo oídos sordos al clamor ciudadano que le exigió la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara durante los 532 días que duró su secuestro.
Tampoco es fácil de olvidar que, según contaron tras su liberación, el funcionario secuestrado, desesperado por el trato humillante que estaba sufriendo, decidió dejar de comer. Nunca sabremos cómo hubiera terminado su captura si no llega a ser liberado.
¿Cómo no caer en la tentación de comparar su caso con el de su secuestrador? Pero conviene no olvidar que el objetivo de la política penitenciaria no es la venganza. La ley avala las razones humanitarias y la dignidad personal del preso. Esa es la diferencia. ¡Cúmplase la ley!
Totalmente de acuerdo a lo escrito por Bingen. Si bien, yo añadiría que siendo el objetivo la reinserción, parece razonable ser más flexible con aquellos presos que muestran arrepentimiento de los crímenes por los que han sido condenados y mas partidario de la ley en su versión menos flexible con quienes no solo no muestren arrepentimiento, sino que aparenten reafirmarse permanentemente en sus actos por los que ahora estén recluidos.
Y por otro lado, todos aquellos que ahora solo hablan de derechos humanos con el asesino y carcelero encarcelado sin hacer ninguna mención condenatoria de los asesinatos y crueldades que cometió el sujeto en cuestión, siguen sin tener el más mínimo crédito por mi parte y creo que por la gran mayoría de la gente demócrata y no violenta de este país.