El Parlamento de Cataluña sirve para legislar, controlar y elegir al Gobierno de la Generalitat. Y este, para dirigir la Administración autonómica en cada período. No para otra cosa. Así lo establecen los artículos 55 a 72 del Estatuto de Autonomía. Todo lo que sea desviar a ambas instituciones, la cámara y el ejecutivo, de las funciones en él previstas deriva en fraude de ley, en detrimento de los ciudadanos catalanes.
Cada elección en cada escalón de la (multi) gobernanza sirve para lo que sirve. Si se utiliza para un objetivo distinto, que desborda sus poderes y competencias, resulta por tanto extra vires: un abuso de poder. Así que una elección municipal no puede incautar las funciones de un Gobierno autónomo. Ni una convocatoria legislativa nacional puede anular las competencias repartidas por el Estado de las autonomías. Ni un referéndum sustituirá una elección, ni una elección equivale a un plebiscito, salvo en las repúblicas bananeras o en las antiguas dictaduras soviéticas.
Si alguien lo fuerza así, se arriesga a obliterar o cercenar los derechos de los ciudadanos (en este caso, catalanes), porque a cada derecho le corresponde un deber de una Administración determinada, no de cualquiera de ellas, y a cada deber de esta, el ejercicio de su exigencia por los ciudadanos. Todo lo que se aparte de este esquema desemboca en erosión de la democracia, el caos o la autocracia.
