La sacudida política y social que ha generado la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí ha evidenciado una vez más desequilibrios en el Ejecutivo que siguen sin resolverse. El primer Gobierno de coalición en España de esta democracia ha ido aprendiendo a serlo en medio de enormes turbulencias mundiales, pero a estas alturas de la legislatura era exigible una mayor coordinación sobre una ley central como la llamada ley del solo sí es sí y sobre la reacción posterior cuando han empezado a verse efectos indeseados en su aplicación.
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Es comprensible e incluso deseable evitar una uniformidad marcial en el seno de un Ejecutivo y admitir un cierto grado de disonancia entre los socios; es entendible que cada parte quiera visibilizar sus logros, pero las leyes afectan a toda la ciudadanía y cuando tocan el Código Penal requieren no sólo de una elaboración transversal sino de una coordinación impecable ante las consecuencias de su entrada en vigor. Y el principal interesado en armar y cuidar ese mecanismo cohesionador, hoy ausente, debe de ser Pedro Sánchez, y la ciudadanía debería notarlo.
