Entre 1950 y 1975, Extremadura expulsó a casi la mitad de su población. Se fueron a las fábricas de Alemania, a las obras de Barcelona, a los suburbios de Madrid. A muchos pueblos de Euskadi.
Aquellas ciudades no les esperaban, aquellos emigrantes tampoco eran bienvenidos. Las autoridades franquistas apostaban vigilantes en los trenes con destino a las zonas industriales. Identificaban a quienes viajaban sin contrato de trabajo. Los interrogaban y los mandaban de vuelta a sus pueblos. Esa gran ola migratoria afectó a toda la España rural. Pero se cebó especialmente con Extremadura. Eran los “sin papeles” de entonces. Tampoco les trataron demasiado bien.
Pero ni siquiera una dictadura pudo poner puertas al campo. Lo mismo ocurre hoy. A pesar de quienes creen que perseguir a los inmigrantes los hará desaparecer.
María Guardiola, presidenta de Extremadura:
“Yo no puedo dejar entrar en Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes”.
Es justo lo que acaba de firmar.
Es justo lo que acaba de firmar.
