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Las razones aducidas por los responsables de tráfico para justificar esta disposición se basan en las cifras de siniestralidad vial publicadas por la propia DGT pero no aclaran si los mayores implicados en los accidentes de tráfico son víctimas de los accidentes o responsables de los mismos, o si son conductores o acompañantes, o viandantes atropellados. Hay estudios realizados por compañías aseguradoras, como el realizado por la Fundación Línea Directa donde se concluye que los conductores mayores de 65 años no son un peligro en la carretera, sino que su tasa de accidentalidad es cuatro veces menor que la de los conductores menores de 25 años y la mitad que la de los conductores de entre 35 y 44 años, como consecuencia de respetar más los límites de velocidad y no conducir de un modo agresivo.
Nosotros, como personas mayores, no nos negamos a ningún tipo de prueba
para renovar el carnet de conducir, pero sí estamos en contra de pruebas específicas
basadas simple y genéricamente en la edad.
Por eso, pedimos a la DGT y al Ministerio del Interior que reconsideren y
retiren estas propuestas asumiendo las recomendaciones de las OMS para actuar
contra el edadismo, utilizando estrategias basadas en pruebas, mejorando la
recopilación de datos y la investigación y trabajando con las organizaciones de
mayores para crear un movimiento con el que cambiar la forma en que pensamos,
sentimos y actuamos en relación con la cuestión de la edad y el envejecimiento
también al volante.
Federación Vasca de Personas Mayores
Un mes después de la tercera gabarra, reflexionemos.
Tras fracasar en Euskadi
le llevaron a Bruselas, donde no hizo "nada provechoso",
volvió a Euskadi como referente del PP de "siempre",
Otro fracaso.
Y como compensación de algo que se nos oculta
lo vuelven a llevar a Bruselas.
¡¡Toda una carrera "gracias a ETA"!!
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Habían nacido las dos Españas.
Hay que recordar que el sistema que se estableció en 1980, como el vigente regulado en 1985, han sido considerados conformes a la Constitución por el Tribunal Constitucional.
Y no es cierto que la UE exija que sean los jueces los que elijan a los jueces, tal como a veces asegura la derecha, debiendo recordarse que la Unión no tiene competencia alguna en lo que concierne a la organización del CGPJ.
Considerar que sea inconstitucional o antidemocrático que el Congreso y el Senado, representantes de la soberanía del pueblo español, elijan a los miembros del CGPJ es muy grave. Y considerar que los jueces deben elegir a los jueces es volver a parámetros de democracia orgánica que parecían superados.
La pretensión de los jueces de ser ellos quienes elijan a 12 vocales del CGPJ, además del tufo corporativo que desprende, difícilmente compatible con los valores y principios constitucionales, sería más de lo mismo. Es decir, lejos de despolitizar o de conferir mayor independencia a los magistrados vendría, por la proximidad de las asociaciones de jueces a sus colegas, a politizar todavía más el CGPJ y la justicia, porque los jueces permanecen hasta su jubilación mientras que los políticos cambian con frecuencia. Y con cada cambio de las mayorías en el Parlamento puede tenerse la esperanza de que la promoción de jueces y magistrados se haga teniendo en cuenta, además de su ideología, sus méritos y capacidad.
En países con democracias consolidadas como EE UU o Alemania, los jueces son promocionados por el poder ejecutivo o por los parlamentos, sin intervención de los jueces. Y con carácter general, la promoción de los jueces en las democracias modernas tiene en cuenta los méritos y capacidad, así como la ideología. Puestos a elegir, preferimos que a los vocales del CGPJ los elijan los representantes del pueblo soberano, en vez de jueces con la falsa apariencia de neutralidad política.
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| Sáchez, durante la comparecencia en la que este lunes anunció su decisión |
