La situación de confesionalidad institucional en España no solo se mantiene, sino que en estos últimos años ha aumentado considerablemente, a pesar de que la secularización de la sociedad es cada vez más evidente: por ejemplo, cada año menos escolares solicitan clases de religión, los bautizos en la fe católica disminuyen, las bodas civiles superan en muchísimo a las religiosas en Bizkaia solo 5 de 518), las personas que se declaran agnósticas, ateas o que habitualmente no asisten a celebraciones religiosas, según el CIS, aumentan informe tras informe, mientras que las que se declaran abiertamente religiosas practicantes no sobrepasan el 20%, sobre todo entre las personas más jóvenes.
Firma del Concordato con la Santa Sede en Roma, 1953. ResearchGate
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Francisco Delgado Ruiz
Pero, erre que erre, el Gobierno (actualmente progresista y desde hace seis años) mantiene el Concordato de 1979 heredero del nacionalcatólico de 1953 (los cuatro acuerdos de la Santa Sede), que dota a la Conferencia Episcopal Española de innumerables privilegios fiscales, económicos, jurídicos, militares y educativos, mantiene la religión en las escuelas en horario lectivo y financia escuelas de ideario católico, vulnerándose gravemente diversos derechos básicos de la infancia. No solo esto, además el Estado sostiene al clero y los gastos de los obispados a través del IRPF, los poderes ejecutivo y legislativo no dan solución a las desvergonzadas inmatriculaciones efectuadas por la Iglesia católica desde 1946; las celebraciones, boatos y saraos religiosos en pueblos y ciudades son acompañados masiva e institucionalmente por cargos políticos de toda condición ideológica y cada vez con mayor énfasis; en la "industria de la caridad" se vuelcan ayuntamientos, diputaciones, cabildos, comunidades autónomas y gobierno central de forma desmesurada, es decir, se financian entidades, asociaciones y corporaciones religiosas que se dedican a ofrecer servicios sociales para la infancia, personas con discapacidad y personas mayores, servicios que deberían ser públicos; se mantienen capellanes funcionarios en cárceles, hospitales y ejército; y, por fin, se mantiene una ancestral Ley de Libertad Religiosa de 1980, en vez de aprobar una ley orgánica del derecho a la libertad de conciencia y la laicidad del Estado que nos acercara a la construcción de un Estado laico.
