La detención de ocho personas en Alava vinculadas con el PNV ha despertado un debate que permanecía silenciado: ¿hay que ser corrupto para meterse en política? Al parecer, los arrestados cobraban comisiones por realizar determinadas gestiones urbanísticas. Las preguntas surgen por doquier: ¿están todos los partidos tan manchados que ya es imposible limpiarlos?, ¿existe alguna esperanza de salvar a la política?
Lo cierto es que, salvando la presunción de inocencia de los detenidos, nadie se esperaba que la corrupción afectara de tal manera al PNV. Es muy posible que en otros tiempos nadie se hubiera atrevido a denunciar a este partido. Ha sido una sorpresa para mucha gente. Sea porque es un partido más limpio que la media, sea por su tradición jesuítica o porque en Euskadi nos conocemos todos. O quizás porque su dominio absoluto de todas las instituciones y resortes de la sociedad le ha permitido hasta ahora tapar cualquier escándalo que pudiera surgir.
Y no es casualidad que este caso salte en Alava, el territorio donde más se tambalea el poder del PNV. En Bizkaia sería impensable. Quizás por ello ha sido el diputado general de este territorio el que ha hablado con más seguridad y contundencia. “Si alguien mete o intenta meter la mano al cajón, hay que hacer cerrar el cajón con la mano dentro”, ha dicho José Luis Bilbao. Sólo puedo replicarle que me habría encantado escucharle algo relativo a la subvención a la asociación forestalista que comanda un miembro de su partido.
Sea como fuere, lo que realmente parece plantear este caso es que, si hasta el PNV ha podido caer, quizás sea toda la política en sí la que esté corrupta. Es muy interesante en este sentido lo que planteaba Deia el jueves en su editorial: “Afectaría a la credibilidad de la clase política, pero también a la hasta ahora justificada honorabilidad de los partidos e instituciones de nuestro país y, en consecuencia, a su imagen de cara al exterior y ante sus propios ciudadanos”. El presidente del EBB, Iñigo Urkullu, viene a decir lo mismo en su blog: “Pensaba en estos días (y en algunos foros he hablado de ello) en los riesgos que el desprestigio de la política pueda suponer en el ya inmediato futuro para la buena gobernanza de la sociedad”.
¿Están todos los políticos corruptos? Yo creo que no. De hecho, conozco personalmente a algunos por los que pondría la mano en el fuego. El propio José Luis Bilbao aseguraba que para él la política es un “compromiso personal y colectivo”, alejado por tanto del enriquecimiento personal. Y no hay ninguna razón para no creerle.
Pero mucho me temo que, harta de recibir mensajes sumamente contradictorios, la gran mayoría de la sociedad vasca (y española) cree hoy en día que todos los políticos son corruptos. Cosas como “si está en política es para enriquecerse” o “todos son iguales” se escuchan constantemente. Y lo malo es que el sistema de partidos y la excesiva importancia que se ha dado a las recalificaciones de terrenos en el ámbito municipal no ayudan a cambiar esta realidad.
Todos sabemos que los partidos necesitan mucho dinero y que no siempre viene de las fuentes oficiales. El PNV recibe proporcionalmente un volumen muy elevado de donaciones teóricamente altruistas y muchas empresas financian autobuses y otros gastos varios de sus diversos eventos. Las grandes constructoras siempre han tenido una excelente relación con los partidos que mandan en las instituciones, vascas y españolas. De ahí a pagar campañas publicitarias o a invertir en medios de comunicación que simpatizan con una u otra fuerza no hay una gran distancia.
Hay otro tipo de corrupción política que mucha gente parece dar por válida, la de enchufar a los familiares y afiliados, que Kepa Aulestia critica con especial virulencia este sábado en Vocento: “El partido tiende a apropiarse al máximo de las áreas de influencia que dependen del poder institucional que ostenta. Algo que se refleja especialmente en el largo listado de afiliados previos o sobrevenidos, incluso de leales a una determinada familia partidaria, que nutren con su talento un número siempre creciente de puestos de designación, hasta desparramarse por el conjunto de la administración de que se trate”. Tiene toda la razón cuando dice que estas pequeñeces son las que conducen a otras cosas más graves.
¿Y qué decir de las recalificaciones municipales? En este blog hemos hablado sobradamente de pueblos como Barrika, Bakio o Lezama, pero también de Laguardia, donde un concejal abortó un intento de soborno por parte de un promotor al denunciarlo ante la Ertzaintza. El presidente de Eudel, Jokin Bildarratz, también ha reconocido el daño que el caso alavés hace a la política. “No se puede decir que todos los políticos somos unos chorizos o unos corruptos”, añade, en sintonía con José Luis Bilbao. Incluso uno de los detenidos, el ex diputado foral Alfredo de Miguel, ha asegurado en un comunicado estar comprometido “con su país” y con ideales que en pura teoría le alejarían del simple mangoneo.
Pero no he oído todavía a ningún representante político entonar el mea culpa. José Luis Bilbao sabe perfectamente cómo funciona el mundo de la construcción. Los ciudadanos también sabemos que los políticos nos suelen contar lo que nos conviene oír. Si quieren cambiar su imagen, los representantes institucionales tienen que dar un paso al frente, dejarse de discursos morales y empezar a cambiar las cosas. Urge que se reúnan y realicen cambios al sistema porque no funciona como debiera.
Y aquí es donde entra en juego Internet y el gobierno abierto, que es mucho más que un lema publicitario. Dice José Luis Bilbao que “con el dinero de todos y todas, hay que tener un plus de transparencia”. Eso es gobierno abierto o gobierno 2.0. Es decir, dar a los ciudadanos acceso a toda la información pública para que ellos mismos puedan investigar, analizar e incluso denunciar aquello que no les parezca correcto. Esa apertura traerá como consecuencia menor corrupción, al facilitar mucho la labor de control por parte de la sociedad.
Hasta aquí el comentario de José A. del Moral el pasado domingo en su blog Cybereuskadi. Yo añadiría una sugerencia, un reto que permitiría a los partidos políticos recuperar parte de la confianza ciudadana. El compromiso conjunto, modificando lo que haya que modificar, de presentar ante la ciudadanía listas abiertas que nos permitan elegir y rechazar de entre los nombres que propongan personas que consideremos más válidas para los cargos que se les propongan.
