en la que elegiremos el nuevo Parlamento Vasco.

viernes, 7 de octubre de 2022

Si la justicia es lenta, no es justicia.
La Justicia necesita urgentemente
mucha más inversión.

Han pasado 13 años desde que Ainhoa Alberdi denunciara ante la Fiscalía de Álava a quien entonces era 'número dos' del PNV en ese territorio, Alfredo de Miguel, a quien todos llamaban 'Txitxo'. Le acusaba de querer cobrarle una comisión de 100.000 euros por la adjudicación de un contrato.
Hubo un juicio en 2018 y en 2019 la Audiencia Provincial de Álava le condenó a 13 años de cárcel. Ahora el Supremo delibera sobre esas condenas tras las presentación de 13 recursos.
Es el mayor caso de corrupción conocido en Euskadi y, hasta ahora, no hay decisión judicial definitiva. Algo va entre mal y muy mal.
Por otra parte, Iñigo Urkullu inauguró hace poco el curso judicial vasco. Ni una palabra sobre sus enfrentamientos con la Justicia a cuenta de la pandemia -todavía está fresca la última sentencia contraria a las restricciones adoptadas por el Gobierno vasco- y, eso sí, ha preferido criticar el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. España, siempre "peor".
La fiscal superior, 
Carmen Adán, ha sido mucho más dura: no hay medios contra la corrupción y hay pocos controles contra el fraude en las subvenciones.
En esto Iñigo sí tiene responsabilidad.


Alfredo de Miguel, en la capilla ardiente de Xabier Arzalluz 
ELDIARIO.ES/EUSKADI