A nadie bien informado debería sorprender que, medio siglo después de la muerte del dictador y con una lentitud elefantiásica en la construcción democrática, aún coleen leyes franquistas que, entre otras cuestiones, como la laicidad o un referéndum sobre la monarquía, también han impedido conocer en profundidad la dictadura de Franco, su tránsito a la democracia o la vasta lista de violaciones de derechos humanos ejecutadas por el caudillo y sus cómplices.
La ley de Secretos Oficiales en España data de 1968 y es en 2025, 57 años después, cuando el Gobierno de coalición ha aprobado en Consejo de Ministros un texto de reforma que ahora tendrá que pasar por el Congreso y que, seguramente, no cuente con el apoyo de la (ultra)derecha de PP y Vox por estrictas razones de consanguinidad con el difunto Manuel Fraga, compañero franquista de Martín Villa, antecesor de Feijóo en la Presidencia de la Xunta de Galicia y al que hoy dejan en pañales muchas de las proclamas inhumanas de Santiago Abascal.
El proyecto de ley de Información Clasificada incluye algo muy positivo, que aunque parece de sentido común, no se contemplaba: las violaciones de derechos humanos no son materia clasificable en ningún caso. Tal vez podamos acceder a la información clasificada sobre por qué Aznar nos metió en un guerra ilegal en Irak y confirmar si había (o no) alguna razón más que la de besar la bota con la que Bush jr. pisoteó Naciones Unidas.
Son muchas cosas y no conviene hacerse ilusiones con el secreto de la oficialidad en asuntos tan delicado