El Consejo de Ministros prevé desclasificar hoy todos los documentos oficiales en posesión del Gobierno relacionados con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Y se espera que mañana estén accesibles en la web de La Moncloa. A la espera de ver el material, hay que saludar la decisión que salda “una deuda histórica con la ciudadanía”.
La desclasificación tiene un sentido pedagógico para que todas esas generaciones no olviden que un grupo de conspiradores, en la peor tradición decimonónica, atentaron contra la soberanía del pueblo español.
La desclasificación tiene un sentido pedagógico para que todas esas generaciones no olviden que un grupo de conspiradores, en la peor tradición decimonónica, atentaron contra la soberanía del pueblo español.
La decisión del Gobierno también sienta un precedente que no debería ser una excepción. La documentación reservada del 23-F es uno de los ejemplos que historiadores, partidos (en especial el PNV), periodistas y ciudadanía en general llevamos años reclamando para poner fin a la anomalía de que siga vigente una ley de secretos oficiales heredada de la dictadura. En el Congreso está aparcada la nueva Ley de Información Clasificada, cuyo anteproyecto aprobó el Gobierno hace siete meses.
Sin esperar a dicha ley, el Gobierno tiene en su mano levantar el velo de otras informaciones que pueden aclarar aspectos opacos del final del franquismo y la Transición, como la guerra sucia contra ETA, algunas actuaciones policiales o las tramas ultras. Aliados del Gobierno se lo reclamaron ayer en aras de la coherencia. El carácter secreto de la mayoría de estos episodios ha dejado de tener sentido. La solidez de una democracia asentada como es España se mide también por su capacidad de analizar y entender su pasado, incluso el más oscuro.
https://elpais.com/opinion/
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