Navarra lleva políticamente bloqueada desde hace veintidós meses. Y es casi seguro –en la comunidad foral, cuando se habla de política, no existen las certezas– que la situación se prolongue durante otros catorce meses más, hasta que se agote la legislatura.
La fallida moción de censura que Rubalcaba y el PSOE abortaron la semana pasada por sus propios miedos –cuando prohibieron al PSN tanto presentarla como respaldarla para evitar coincidir en el panel de votaciones con Bildu, bajo amenaza de destituir la ejecutiva e imponer una gestora– sólo perseguía dar la palabra a los navarros. Preguntarles si los escándalos que se han sucedido estos últimos años han modificado o no sus querencias políticas. En definitiva, ver si ello se traduce en un nuevo mapa que haga más fácil recuperar la gobernabilidad.
Navarra es hoy un gran ejemplo de lo que es política basura. Del por qué quienes se dedican a la cosa pública son percibidos cada vez por mayor número de ciudadanos como un problema en lugar de como los encargados de solucionarlos. Todo porque los partidos no son capaces de conjugar su legítimo derecho a la discrepancia con la necesidad de entenderse y sumar en beneficio de sus representados que lleva aparajado su sueldo.
Alberto Ayala, ayer en El Correo
