Si el Congreso de los Diputados aprobó (solo Vox votó en contra) la semana pasada encargar al Defensor del Pueblo un informe sobre los abusos sexuales a menores en la Iglesia católica, parece razonable contar con representantes de la Iglesia en ese equipo y que no haya ninguna posibilidad de excusa para que la entidad milenaria no este presente.
Un cambio de postura de la Conferencia Episcopal Católica, en relación a la que ha mantenido en las últimas décadas, parece imprescindible.
