En el artículo publicado hoy por el diario de Vocento, Xabier Gurrutxaga le da la razón al representante de Aralar, Mikel Basabe, cuando éste le reprocha
al Gobierno López que ‘no busque parches o debates que no llevan a
ningún sitio’ y le insta a adoptar las iniciativas dirigidas a
reformar el estatuto, a fin de que el parlamento tenga sus
competencias fiscales.
Quien quiera entrar a fondo en este debate
debe saber que el mismo necesariamente conduce a la reforma
estatutaria y de las leyes derivadas del mismo en esta materia. El
problema real, es que los grupos que airean esta cuestión como un
problema grave nunca lo han vivido como tal.
Desde que se aprobó el
estatuto, ningún grupo político de los que han intervenido en la
cámara vasca en toda su historia ha planteado su reforma en esta
cuestión, ni en ninguna. Es normal que el PNV no la haya promovido,
porque se puede decir que es el padre de la criatura. También lo es
la posición del PP, pues ya estaba muy reticente con el peso de las
instituciones comunes. Tampoco los socialistas han planteado en estos
treinta y tantos años ninguna iniciativa dirigida a transferir la
competencia fiscal al gobierno y al parlamento. Al contrario, en
este tiempo han hecho uso del entramado institucional, participando
en el Gobierno y en las Diputaciones, sin que en ningún momento
presentaran esta cuestión como un problema. A la izquierda abertzale
nunca le ha preocupado esta cuestión, pues vivía al margen y en
contra de las instituciones autonómicas.
Ahora que gestionan la
Diputación de Gipuzkoa viven el problema como parte interesada, y
echan balones fuera cuando se les pregunta, diciendo que entre el
foralismo y el centralismo autonómico, ellos se quedan con el estado
independiente de las siete provincias. Pero mientras tanto que nadie
les quite la competencia de Hacienda.
Sería bueno que el PNV y el
PP, particularmente los nacionalistas por su peso específico en el
conjunto político y social, mantuvieran una posición abierta, con
disposición a estudiar serena y seriamente la actualización del
modelo institucional en aquellas cuestiones que el tiempo nos ha
enseñado que deben reformarse. En esta materia como en otras
conviene huir de la demagogia, mucho más si quienes la practican lo
hacen desde la incoherencia.
