Ya tenemos nuevo informe sobre las duplicidades existentes entre los diferentes niveles institucionales de Euskadi. El Gobierno de Urkullu aprobó ayer un documento de más de 300 páginas que en los próximos días pasará al Parlamento para su debate. Queda por ver si del mismo se derivan medidas eficaces para adelgazar el todavía rechoncho sector público vasco.
Es la enésima ocasión en que las instituciones vascas abordan el problema. La pasada legislatura, en 2011, el Gobierno de López encargó a dos empresas un estudio detallado sobre el asunto. Pese al alcance limitado del trabajo –en temas y en instituciones– concluía que las duplicidades e ineficacias nos cuestan cada año a los vascos 403 millones de euros. Tanto como el gasto social en Euskadi y tres cuartas partes del Presupuesto de Bilbao para todo un ejercicio.
Pues bien, tres años después volvemos a tener un nuevo informe sobre el mismo asunto. En esta ocasión no se incluye cuantificación económica alguna. La curiosidad, que si el trabajo del Gobierno socialista ponía el foco en el complejísimo entramado institucional vasco como favorecedor del problema, el gabinete nacionalista y ayer su portavoz, Josu Erkoreka, destacaron que muchas duplicidades tienen causa en el incumplimiento del Estatuto de Gernika.
Es una absoluta evidencia que la complejidad político-administrativa ‘made in Euskadi’ tiende a engordar el problema lo mismo que la simplicidad a reducirlo. Como es igualmente cierto que la desconfianza entre los gobiernos de Madrid y Vitoria lleva a establecer controles y vigilancias tan costosos como innecesarios en muchas ocasiones.
No diría yo que el interés mostrado ayer por el Ejecutivo jeltzale en poner el acento del problema de las duplicidades en los evidentes incumplimiento del Estatuto sea el mejor preámbulo para pensar que esta vez la cosa va a ir más en serio que las anteriores. Que se va a avanzar en la limitación del problema. Y que se van a cerrar algunos de esos chiringuitos innecesarios o sobredimensionados que igual sirven para colocar a cargos del partido con el que pacta quien gobierna que para cobijar a exdirigentes del grupo en el poder en problemas con la Justicia.
(Leído en EL CORREO. Artículo publicado por Alberto Ayala)
