Chaves y Griñán deben dejar su escaño por ser los máximos responsables institucionales, uno de la Junta de Andalucía, y el otro de la Consejería de Economía y Hacienda, cuando se produjeron los hechos delictivos por fraude. Existe una responsabilidad previa a ventilar en el ámbito político por el hecho mismo del fraude multimillonario, maquinado y llevado a cabo desde las instituciones que ellos representaban. Una responsabilidad exigible por acción o por omisión, al fallar todos los controles internos que impidieran estas prácticas fraudulentas.
Más allá de la responsabilidad penal de quienes resulten condenados, en una sociedad democrática los responsables institucionales deben responder ante la ciudadanía de los abusos y fraudes cometidos, aunque sea por otros, pero utilizando para su comisión las instituciones que ellos representan y dirigen. En materia de responsabilidad política no existe el beneficio del derecho a la presunción de inocencia.
X. Gurrutxaga en Vovento
