La alcaldesa de Mungia ha preferido dimitir a colocar la bandera de España en el Ayuntamiento del municipio. Asegura que renuncia al cargo por «convicción» y con «dolor». Entiende que colocar la bandera sería «dar la espalda al pueblo». Sería también hacer lo que manda el Constitucional. El tribunal ha desestimado un recurso en el que la defensa del Ayuntamiento invocaba el derecho a la libertad ideológica que ampara la Constitución. Lo malo es que la Constitución también establece que la bandera de España debe utilizarse en edificios públicos y actos oficiales. Que uno pueda apelar a la Constitución para incumplir la Constitución a mí me parece muy sofisticado y anglosajón. Quiero decir que me pone de parte de la Constitución. Y en contra de la alcaldesa, que quizá no supo ver que no colocar la bandera iba a ser el equivalente exacto a colocarla dos veces.
La alcaldesa de Mungia pertenece al PNV, partido que lleva décadas acatando la ley en lo tocante a banderas sin menear mucho el asunto. Ignoramos si se dará de baja del partido cuando su sucesor ice la bandera y le dé, por lo visto, la espalda al pueblo.
En lo que sí coincide la alcaldesa con el alto mando jeltzale es en tocar el palo sentimental. Lo hizo Iñigo Urkullu cuando el Supremo mandó colocar la bandera española en el Parlamento vasco. El lehendakari habló entonces de lo inconveniente de «imponer un emblema por encima de los sentimientos y en base a la legalidad».
Que los sentimientos deban predominar sobre la ley es algo que probablemente no se admite en ninguna democracia moderna más allá del poblado de los osos amorosos. La legalidad sirve también para protegernos de los sentimientos ajenos, que son irrebatibles y frecuentemente insaciables. Entre nosotros, suelen tener que ver con banderas y selecciones de fútbol. Es curioso. Recuerda Carles Casajuana en su reciente ‘Las leyes del castillo’ que una democracia sana requiere de políticos que no renuncien a sus ideales y ambiciones, pero que respeten «por encima de todo» la legalidad vigente. No hacerlo es propiciar una imagen inquietante. La del equilibrista dispuesto a refutar la ley de la gravedad.
En lo que sí coincide la alcaldesa con el alto mando jeltzale es en tocar el palo sentimental. Lo hizo Iñigo Urkullu cuando el Supremo mandó colocar la bandera española en el Parlamento vasco. El lehendakari habló entonces de lo inconveniente de «imponer un emblema por encima de los sentimientos y en base a la legalidad».
Que los sentimientos deban predominar sobre la ley es algo que probablemente no se admite en ninguna democracia moderna más allá del poblado de los osos amorosos. La legalidad sirve también para protegernos de los sentimientos ajenos, que son irrebatibles y frecuentemente insaciables. Entre nosotros, suelen tener que ver con banderas y selecciones de fútbol. Es curioso. Recuerda Carles Casajuana en su reciente ‘Las leyes del castillo’ que una democracia sana requiere de políticos que no renuncien a sus ideales y ambiciones, pero que respeten «por encima de todo» la legalidad vigente. No hacerlo es propiciar una imagen inquietante. La del equilibrista dispuesto a refutar la ley de la gravedad.
(Artículo de Pablo Martinez recogido de El Correo)
