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Cada nuevo acto de la tragicomedia protagonizada por el PP y el todavía presidente Pedro Antonio Sánchez convierte a Murcia en un espejo perfecto de cuanto está sucediendo en España y su política. Si el clásico de Miguel Mihura Ninette y un señor de Murcia retrató la miseria humana de la España franquista del desarrollismo y la emigración, esta versión 2.0, que bien podría titularse Rajoy y un señor de Murcia, ejemplifica con precisión milimétrica la miseria de todos los déficits mayores que arrastra la cultura democrática española.
Así, en Murcia, su presidente, el PP y Rajoy pretenden que eximamos de cualquier culpa a Pedro Antonio Sánchez porque los seis millones de euros despilfarrados en un auditórium que no está ni terminado "están allí, en la obra y no se los ha llevado a su casa". Ahora que parecía ya estábamos de acuerdo en que no bastaba con no ser ladrón y teníamos derecho a exigir buenos gestores, va a resultar que no, que el despilfarro representa un derecho del gobernante que puede ejercer libremente y por el cual no debe rendir cuentas ni asumir responsabilidades. La incompetencia vuelve a ser un eximente político.
