Puente comunicó la decisión en la Diputación Permanente del Congreso —en sede parlamentaria, donde correspondía hacerlo—, tras escuchar las críticas de todos los grupos políticos por la gestión de las infraestructuras. No todos le hicieron responsable a él de lo ocurrido, pero sí le transmitieron la evidencia de que su permanencia al frente del ministerio distorsionaba el objetivo principal del país y del Gobierno en estos momentos, que es recuperar la confianza ciudadana en la alta velocidad.
La dimisión de Puente supone un golpe de efecto en la política española, motivado probablemente en parte por una estrategia electoral. Es inédito desde hace demasiados años en España que un político asuma su responsabilidad al máximo nivel por algo que no sea un caso de corrupción, y solo si se ve imputado por la justicia.
