Entre otras falacias, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría usó durante el debate una mentira en la que el PP insiste y que conviene desmontar: que hay que dejar gobernar a la lista más votada para “respetar a la voluntad popular”. “Es como si un equipo gana la Liga y el segundo, el tercero y el cuarto suman sus puntos para quitarle el título”, argumentó. Seguro que al presidente que tanto lee el Marca esta metáfora le encantó. Pero el argumento es falaz por tres razones bastante fáciles de explicar.
La primera, el pasado. El PP que hoy critica los “pactos de perdedores” durante toda su historia ha usado alianzas con otros partidos para gobernar contra el más votado cuando le ha venido bien. Así lo hizo en el Ayuntamiento de Madrid, cuando pactó con el CDS de Rodríguez Sahagún para echar al alcalde Juan Barranco, del PSOE, que había sido el más votado. O cuando más recientemente pactó con el PSE en Euskadi para hacer lehendakari a Patxi López, en detrimento del candidato más votado, Juan José Ibarretxe.
La segunda, el presente. El PP sigue gobernando en un montón de administraciones sin ser el más votado: nada menos que en 160 municipios españoles donde el más votado fue otro partido que hoy está en la oposición sin que eso suponga problema alguno ni para el PP ni para Soraya Sáenz de Santamaría ni para el propio Mariano Rajoy.
La tercera, la Constitución. La democracia española es parlamentarista, no presidencialista, como recoge la carta magna que tanto cita el PP. El 20 de diciembre elegimos a los diputados y senadores, y es después el Congreso quien escoge al presidente, por medio de un protocolo que está muy detallado en el artículo 99 de la Constitución. El presidente del Gobierno debe lograr la mayoría en el Congreso, que es donde reside la soberanía popular.
Hay otros países donde el sistema electoral es distinto, como en Francia: con doble vuelta y solo con dos candidatos al final. Hay argumentos para uno y otro modelo, pero lo que no vale es optar por uno u otro en función de los intereses cortoplacistas del PP, y menos aún pretender aplicar otro sistema sin reformar antes la Constitución. La ley es bastante clara, le guste al PP o no.
