Excepto el último punto de Podemos, los demás
parecen absolutamente razonables y asumibles
por cualquier ciudadano progresista de este país.
Hablar de nuevo encaje territorial
tampoco sería problema,
puesto que eso será lo que se haga
a medio plazo.
Y un referendum tampoco es problema,
porque será el modo como se cierre
el apoyo de la ciudadanía
al nuevo estatuto político
que encaje en una constitución reformada.
El problema surge cuando hablamos
de "derecho a decidir".
En Cataluña o en Euskadi.
Ese "derecho" no existe en el ámbito constitucional
por lo que, simplemente nombrarlo,
enerva a algunos y complica acuerdos
que, usando otras terminologías,
pueden permitir seguir avanzando
en el descubrimiento de lo mucho que les une.