Las declaraciones del portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, sobre la República española y su equiparación entre este régimen constitucional y la dictadura franquista no son una simple muestra de ignorancia y desconocimiento de la historia. No nos confundamos. Son algo más grave. Responden a profundas motivaciones políticas y forman parte de una línea de pensamiento sólidamente instalada en buena parte del imaginario colectivo español.
Esta equidistancia entre un régimen legítimo como fue el republicano, basado en una moderna Constitución garante de la democracia y los derechos humanos, con una dictadura caracterizada precisamente por todo lo contrario, es una de las bases político-ideológicas que están detrás de la "modélica" transición y, en consecuencia, del actual sistema político español. Según la versión oficial, la transición nació del pacto de "echar al olvido" el pasado, lo cual implicaba que cada parte debía renunciar al suyo, a su pasado, y a su reivindicación política. Para los demócratas, ello suponía olvidar la causa republicana, sacarla del debate político y del marco del futuro régimen constitucional. Así las cosas, no es de extrañar que la preconstitucional ley de amnistía de 1977 equiparase víctimas y verdugos, ni tampoco que la Constitución de 1978 guardase un vergonzoso silencio sobre su precedente de 1931.
El régimen nacido de la Constitución de 1978 no tomó partido ni por la dictadura ni por la Segunda República. Simplemente, se instaló en medio de ellas y renunció a fundar su legitimidad en la experiencia democrática nacida en 1931. La Constitución de 1978 y la cultura política en que se sostiene no dan más de sí en este terreno. De aquellos polvos vienen estos lodos, suele decirse.
