En España, las autoridades están asfixiando las protestas pacíficas. Las multas, los malos tratos, el uso excesivo de la fuerza y la impunidad policial ante los abusos están afectando el derecho a la libertad de expresión y reunión.
Los proyectos de reforma legislativa pueden suponer además un duro golpe a la protesta pacífica. No podemos consentirlo. No podemos consentir que muchos manifestantes pacíficos estén pagando un alto precio por ejercer sus derechos humanos.
