| Imagen de Agustín Ibarrola. Texto de Enena Martinez de Madina Leído ayer en El Correo |
Los abusos sexuales cometidos a menores por parte de ciertos sacerdotes católicos empezaron a asomarse en el escaparate público en la década de 1950 en Estados Unidos. La Conferencia de Obispos Católicos de EE UU encarga al John Jay College of Criminal Justice diversas investigaciones en torno a los abusos cometidos por parte de la Iglesia católica a menores. El primer informe, publicado en 2004, abarca el período comprendido entre los años 1950 y 2002, al que le siguen otros anuales y, por cierto, todos consultables en bishop account ability.org. Las cifras contienen cuatro dígitos.
Miles de sacerdotes acusados desde esos años, si bien hay constancias anteriores. A partir de ahí, las denuncias e inculpaciones se van extendiendo: Irlanda, Reino Unido, Canadá, España, Argentina, México, Colombia, Chile, Ecuador… La mayoría de las víctimas, según reza el estudio, son menores y varones, aunque tampoco se libran las chicas, si bien en forma de violencia física y moral (recuerden el caso de las Hermanas de la Misericordia y sus asilos en Irlanda).
Esta semana se ha conocido la sentencia condenatoria impuesta a un docente (¡numerario del Opus Dei, ay por Dios! ¡encima «Dei», la obra de «Dios»!) del colegio Gaztelueta por abusos sexuales a un alumno durante el periodo 2008-2010. Es claro que ha sido posible por el coraje de la víctima y su familia para denunciar, y por el buen hacer de la Justicia, en esta ocasión; todavía no había prescrito, tal y como sucede en la mayoría de otros muchos casos abocados al archivo. Es claro que la Justicia actúa regida por las leyes acordadas por sus representantes políticos. Vale. ¿Y la Iglesia católica qué dice? Que ha prescrito… ¿Y «ya está»?, ¿eso es todo? No. No está.
El inmovilismo, corporativismo y encubrimiento de todos estos abusos por parte de los poderes de la Iglesia católica ha sido, y es, absolutamente escandaloso y punible.
