España se ha dado de bruces con un tablero político fragmentado que empuja al pacto de dos o más partidos políticos para conformar Gobierno con mayoría parlamentaria. Pero el que una posible alternativa obtenga más noes que síes bloquea cualquier avance. Parece razonable modificar una ley electoral que tiene muchas más pegas que ventajas.
El País Vasco partió en 1978 de una realidad que España ha conocido en 2016, el multipartidismo. Pese a la hegemonía del PNV, hasta media docena de fuerzas han llegado a tener peso decisivo en las sucesivas legislaturas y en el Parlamento el pacto es la regla y los Gobiernos en solitario la excepción. De diez legislaturas, en siete ha habido acuerdos de Gobierno y en dos, incluso, no ha liderado el Ejecutivo la fuerza más votada (el ‘jeltzale’ José Antonio Ardanza en 1986 y el socialista Patxi López en 2009). En 2012, el último ejemplo, a Urkullu le bastó con 27 de los 75 escaños, muchos menos de la mayoría, para solventar sin problemas la investidura.
Parece razonable que en el parlamento español se estudie la ley vasca para elegir Presidente y se planteen un sistema similar para la elección de inquilino de La Moncloa. Si estuviese en marcha en el último quinquenio nos hubiésemos ahorrado muchos líos ridículos y sin fundamento.
Parece razonable que en el parlamento español se estudie la ley vasca para elegir Presidente y se planteen un sistema similar para la elección de inquilino de La Moncloa. Si estuviese en marcha en el último quinquenio nos hubiésemos ahorrado muchos líos ridículos y sin fundamento.