Sin embargo, la lectura de los más de 300 folios de los 1.200 dedicados a los hechos probados muestra la importancia de la posición política de los condenados dentro del PNV y de las instituciones.
En Sabin Etxea confiaban en unas penas leves, que sirviesen para reforzar su discurso de que la corrupción se había movido muy lejos de los despachos de los cargos del partido. Pero las condenas a De Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano echan por tierra toda esa estrategia y ensombrecen el mensaje jeltzale.
El lehendakari era presidente del Euskadi Buru Batzar cuando estalló la trama e insistió en que los implicados entregasen el carné del partido. Tardaron seis meses en hacerlo, entre otros motivos porque contaban con el respaldo de un sector importante del partido, con Joseba Egibar a la cabeza, que consideraba que se estaba realizando una caza de brujas. En ese momento, De Miguel era uno de los principales apoyos del presidente del PNV guipuzcoano en su lucha interna con Urkullu.
El fiscal que llevó el caso desde el inicio, Josu Izaguirre, ironizó que en la contratación pública no eres nadie sin padrinos. Habló incluso de prácticas propias de la mafia siciliana en Euskadi. Ahora ha pedido el ingreso inmediato en prisión de los condenados principales. La sentencia se convierte ahora en un lastre del que el PNV no se podrá desprender tan fácilmente.
