Un grupo de juristas, constitucionalistas y periodistas han puesto una querella criminal contra el rey emérito. Y muchos de nosotros al enterarnos nos preguntamos cómo es posible una querella criminal contra el emérito si ya se concluyó que Juan Carlos había regularizado su situación tributaria o sus delitos estaban prescritos.
El propio emérito reconoció éstos cuando ejecutó varias regularizaciones fiscales; también lo hizo su hijo y jefe de Estado sucesor cuando decidió que su padre debía irse de España.
Los querellantes afirman y exponen de forma muy bien argumentada que "los efectos de la regularización" "se han aplicado indebidamente" y, por tanto, no se dan los elementos que absuelvan al emérito de los delitos contra la Hacienda Pública.
El Supremo, el mismo que no acepta la amnistía de los líderes independentistas del procés, es el responsable de admitir esta querella criminal contra Juan Carlos, por lo que muchas esperanzas, no podemos tener. Este Tribunal siempre ha sido y, probablemente será el muro donde se diluiría siempre una de las frases más famosas y polémicas del emérito: "La ley es igual para todos".
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