Bildu ha logrado, casi al cierre del curso político en el Parlamento Vasco, el hito político de meter cuña en el Gobierno de coalición de PNV y PSE-EE liderado por Imanol Pradales.
Con su abstención, la principal fuerza de la oposición ha facilitado que salga adelante una reforma de la ley autonómica de empleo público para blindar las exigencias de euskera en las convocatorias ante las sucesivas sentencias judiciales.
Se trata de una iniciativa planteada en solitario por el PNV, con los socialistas claramente en frente. Es algo que no había pasado ni en esta legislatura ni en la década en que lleva operando el bipartito.
Y se está señalando como enemigos del euskera a vascoparlantes que no aceptamos políticas coercitivas.
Algo tan simple como reconocer que el derecho a vivir en euskera no puede obligar a otros a aprenderlo.
Es más, creo firmemente que esta política consigue crear puestos de trabajo para "los de casa", pero hunde el idioma y frustra, complica o retrae de acercar a gente de casa, la de toda la vida y la recién llegada, y le arrastra a posiciones contrarias al idioma, con posiciones imprevisibles a corto plazo.
