Curiosamente, una cosa es lo que dicen en los mítines y otra lo que firman tras acordar gobiernos de derecha extrema con extrema derecha. Dichos acuerdos, tanto para Extremadura, Aragón, Castilla y León, y pronto Andalucía, al citar el «principio de prioridad nacional», añaden «adecuado a la legalidad», lo que nos reconduce a la Constitución y a las leyes. Entonces ¿qué aporta de más citar específicamente dicho principio?
¿Es que se quiere enarbolar una bandera política de prioridad de los españoles (y de lo estatal) siempre y para todo, a pesar de que incumpla dichas normas? Si fuera así, además de incurrirse en ilegalidad, se estaría propiciando la frustración en esa parte de la ciudadanía española que así lo quiere, al no poder traspasar válidamente ese límite legal para lograr su prioridad. (lectura.kioskoymas.com/Mikel Badiola)
Frustración que lleva a no creer en la Democracia y apostar por otro tipo de gobiernos, y eso, probablemente, sea el objetivo final de los firmantes.