Recuero que la cabeza actual de Nueva Rumasa, cuando huyó de la justicia española y tras meses desaparecido se supo de su existencia en Alemania, al intentar extraditarle a España. de los "treinta y tantos" delitos de los que se le acusaban, y tras negociacioes hispano-alemanas de por medio, se llegó al "acuerdo" de que si se la "repatriaba" solo podría ser acusado de seis o siete pecadillos y el resto tenían que quedar sin juicio. Se aceptó y así pasó que, tras un breve paso por la carcel, se reencontró con gran facilidad con la Libertad, y con toda esa cantidad de dinero que nadie pudo ni incautarle ni impedir que amasara.
Esa fortuna de la que estos últimos meses se ha vanagloriado con todo su desparpajo y de la que en los anuncios en la tele, en los que sale pidiendonos pasta, no se corta un pelo reivindicando su honestidad y solvencia.
La semana que viene se cumplen 28 años de la expropiación del Estado de su grupo de empresas. Fue, tal como puede leerse en Wikileaks, el 23 de febrero de 1983, cuando el Consejo de Ministros del Gobierno de España decretó la expropiación forzosa del grupo al amparo de las previsiones contenidas en los artículos 33.3 y 128.2 de la Constitución española.1 Las razones aducidas en el decreto de expropiación fueron:
- La reiterada falta de auditorías externas a los bancos del grupo como de sus sociedades más importantes desde el año 1978.
- La permanente obstrucción a la actividad inspectora del Banco de España.
- Los desproporcionados riesgos asumidos por los bancos que financiaban internamente al grupo con respecto de la solvencia del grupo
- La desatención a las múltiples advertencias de las autoridades monetarias a Rumasa, recomendando una política más prudente de inversiones y una desconcentración de riesgos.
- La arriesgada espiral de adquisiciones e inversiones del grupo.
- Una deuda con la Seguridad Social de 350.000 millones de pesetas, pues no ingresaba a Hacienda el I.R.P.F. que descontaba a los 65.000 trabajadores. Este hecho fue el detonante de la expropiación porque se temía que corría peligro la economía de todo el país.
El gobierno usó la expropiación en lugar de una intervención limitada a los bancos por la complejidad del entramado del grupo y al no considerar los problemas como coyunturales, sino estructurales. Entre las razones aducidas estaban la utilidad pública e interés social, la defensa de la estabilidad del sistema financiero y de los intereses legítimos de los depositantes y trabajadores, y finalmente el respeto de los derechos de los accionistas mediante el pago por sus acciones.
Miguel Boyer, ministro de Economía y Hacienda cuando se produjo la expropiación y uno de los responsables últimos de la misma, afirmó en 1997 que: «la expropiación de Rumasa no fue una medida sancionadora o punitiva contra Ruiz-Mateos por unos presuntos delitos que hubieran correspondido a los tribunales depurar. Fue una medida de política económica, con la que se quiso evitar la crisis total de un grupo en quiebra, que, en las difíciles circunstancias de 1983, nos pareció que podría tener unas consecuencias muy graves».
La Policía Nacional registró y precintó las distintas sedes de Rumasa el mismo 23 de febrero de 1983, iniciando así públicamente el proceso de expropiación por el gobierno español.
La Policía Nacional registró y precintó las distintas sedes de Rumasa el mismo 23 de febrero de 1983, iniciando así públicamente el proceso de expropiación por el gobierno español.
Como decía al principio, ha reconstruido su imperio y, según "El Economista .es", en los últimos tiempos ha sido elegido el mejor directivo español dentro de los sectores donde operan sus empresas de alimentación.
Su nuevo imperio, Nueva Rumasa, inició el 23 de febrero de 2009 (exactamente 26 años después de la expropiación de Rumasa) un proceso de suscripción de una emisión de pagarés corporativos con una remuneración garantizada del 8% anual desde inversiones mínimas de 50.000 euros. Las emisiones de pagarés -repetidas en los últimos dos años- han sido respaldadas con campañas publicitarias en prensa, radio y televisión. La CNMV realizó reiteradas advertencias sobre estas emisiones, que han sido suscritas por unos 5.000 inversores.¡Pues toma esa!
Esta semana diez empresas de Nueva Rumasa se han acogido al procedimiento especial de la Ley Concursal que le otorga un plazo de hasta cuatro meses para negociar con sus acreedores un plan de pagos y evitar ser declarado en suspensión de pagos.
Su nuevo imperio, Nueva Rumasa, inició el 23 de febrero de 2009 (exactamente 26 años después de la expropiación de Rumasa) un proceso de suscripción de una emisión de pagarés corporativos con una remuneración garantizada del 8% anual desde inversiones mínimas de 50.000 euros. Las emisiones de pagarés -repetidas en los últimos dos años- han sido respaldadas con campañas publicitarias en prensa, radio y televisión. La CNMV realizó reiteradas advertencias sobre estas emisiones, que han sido suscritas por unos 5.000 inversores.¡Pues toma esa!
Esta semana diez empresas de Nueva Rumasa se han acogido al procedimiento especial de la Ley Concursal que le otorga un plazo de hasta cuatro meses para negociar con sus acreedores un plan de pagos y evitar ser declarado en suspensión de pagos.
¿Tendremos que pagar los ciudadanos del estado por segunda vez los desmanes, chulerías y prepotencias de este histórico delincuente?
