El problema central que señala Pedro Sánchez en su carta es que las derechas no han aceptado que perdiesen la moción de censura de 2018 contra Mariano Rajoy. Desde aquel momento esas derechas, en plural, radicalizaron sus discursos contra los nuevos gobiernos progresistas.
Sin embargo, no se trata solo de partidos políticos. De hecho, es más apropiado hablar de un bloque reaccionario que engloba tanto a los partidos como a otras facciones del Estado que están hegemonizadas por este pensamiento. Diferentes estratos del poder judicial, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de la alta administración y de los medios de comunicación se han visto involucrados de manera directa en intervenciones inspiradas por la misma lógica: dar continuidad, incluso traspasando la legalidad, a la lucha contra la Anti-España.
Todos los actores de este bloque reaccionario actúan como un equipo perfectamente sincronizado. Sin embargo, aunque sin duda muchas veces se trata de arreglos muy planificados, no hay necesidad alguna de una conspiración al uso, porque mucha gente corriente cree de corazón que el gobierno de España está poblado de anti-españoles.
Pero también hay que decir que Pedro Sánchez ha sido y es uno de los principales afectados por este modus operandi, pero no ha sido el único en sufrir esta práctica. En los últimos años los líderes de Podemos, dirigentes de Compromís, Comunes y, antes aún en el tiempo, de Izquierda Unida también lo han sufrido.
El lawfare se ha perfeccionado, pero no se acaba de inventar. Y sus consecuencias van mucho más allá del simple desgaste político o electoral.
Toca ya utilizar por fin los resquicios de poder que tenemos, fundados en la legitimidad popular, para romper la densa red, arriba descrita, que permite al bloque reaccionario causar tanto daño a la democracia española.
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