Leí hace unas semanas en EL CORREO que la investigación abierta por la Audiencia Nacional a dos ministros del Gobierno chino y a otros cinco altos cargos por la comisión de delitos de lesa humanidad en la represión de las revueltas desatadas en Tíbet el pasado mes de marzo constituye una decisión de indudable relevancia y, ciertamente, parece una afirmación irrebatible.
Pero sin embargo, la efectividad de ese compromiso, también en lo que se refiere a los sumarios incoados en España, continúa siendo muy limitada por los recelos que despierta su aplicación y la cobertura que acostumbran a encontrar los encausados en sus países de origen.
Todos recordamos el tiempo que perdió Baltasar Garzón entreteniendo al dictador chileno en Londres como si a la justicia española le sobrasen jueces para dedicarse a “causas nobles internacionales” cuando la justicia española nunca ha sido justicia si nos atenemos a la máxima “Una justicia que retrasa años sus dictámenes por falta de medios deja de ser justicia”.
Mejor si se dedican a lo que se tienen que dedicar y dejan que los chinos, los chilenos y el resto del mundo solucionen sus problemas en sus propias instituciones y/o en los tribunales internacionales creados al efecto. Que no se preocupen tanto de la paja en el ojo del vecino y se preocupen más de la viga incrustada en el propio.
